LA JUSTICIA TRIBUTARIA


LA JUSTICIA TRIBUTARIA

 

En el artículo 31 de la Constitución se establece la necesidad de que el sistema tributario sea “justo”, y que, además se inspire en los principios de igualdad, progresividad y no confiscatoriedad. Y, aunque aparentemente tiene una influencia indirecta en la justicia tributaria, el apartado 2 de este artículo nos parece de importancia esencial, pues asocia la capacidad de gasto de los poderes públicos a los recursos ingresados y exige que la ejecución del gasto se haga con criterios de eficiencia y economía.

 

Un sistema tributario justo no es otro que el que garantice un nivel de recaudación suficiente y compatible con los objetivos de reducción del déficit público que nos exige la Unión Europea. Deberá, además, potenciar los incentivos a la inversión empresarial –libertad de amortización en activos fijos, exenciones por reinversión…- y a la creación de empresas, favoreciendo el crecimiento económico y la competitividad, y con ello, el incremento la tasa de ocupación. Por último, debe favorecer el ahorro y la inversión, afrontando al mismo tiempo el problema del envejecimiento de la población.

 

Porque en AVANZA creemos que primero debe determinarse qué Estado queremos, qué objetivos comunes se pretenden alcanzar y qué necesidades se debe atender, y sólo después puede establecerse el sistema para allegar los recursos necesarios. Es decir, primero, los ciudadanos y sus necesidades, y después el Estado, como proveedor de servicios públicos. De alguna manera, en esto está implícito el principio de subsidiariedad, al que debe acomodarse la política fiscal.

 

Vistas las cosas desde esta perspectiva se comprende que consideremos que lo mejor es que sean los ciudadanos quienes provean, en primera instancia, la satisfacción de sus necesidades, y dónde no lleguen, o carezcan de la capacidad necesaria, aparezca el Estado, como garante de unos servicios públicos básicos. Y ello resulta perfectamente compatible con que se procure la reducción de la carga fiscal que soportan ciudadanos y empresas, mediante la rebaja de tipos impositivos, que, sin perder de vista el principio de justicia tributaria, tenga como resultado una reducción de la factura fiscal de empresas y ciudadanos, y, a la vez una política decidida de reducción del fraude fiscal, el cual supone un riesgo no desdeñable para la suficiencia recaudatoria, y una merma de la justicia tributaria.

 

Una reducción impositiva de este tipo se acaba de aprobar en Estados Unidos –gran victoria de Trump- y en Austria, donde el gabinete del joven primer ministro Kurz pretende pactar una reforma tributaria que bajará los impuestos directos en 12.000 millones de euros, reduciendo la carga fiscal que soportan las empresas mediante un recorte del tipo general del Impuesto de Sociedades y un cambio en las reglas de dicho gravamen que permitirá una generosa deducción por reinversión de beneficios.

 

AVANZA cree que en España también es posible y necesaria una reducción de la carga fiscal de las empresas y las familias. En ello trabajamos para hacer una propuesta seria a la sociedad española.

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