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¿ES RAJOY EL PROBLEMA?


¿ES RAJOY EL PROBLEMA?

Puigdemont, Forcadell y parte de los parlamentarios catalanes han proclamado la independencia de Cataluña sobre la base del pseudo-referéndum del 1 de octubre. Este es el dato relevante del día, junto al hecho de que el Gobierno de España no ha reaccionado en tiempo real sino que aplaza a mañana sus decisiones.

Se ha consumado así el golpe de estado anunciado, programado y escenificado paso a paso desde hace mucho tiempo con publicidad y perseverancia. Ante esta consumación de lo que claramente es delictivo, habrán de reaccionar los fiscales y los juzgados y tribunales –desde el Tribunal Constitucional al último juzgado de instrucción que resulte competente-; y esperemos que por una vez la justicia española sea diligente y rápida, atendida la gravedad inusitada del bien jurídico ofendido y la trascendencia del delito.

Pero además de la dimensión penal o constitucional de la obligada reacción del Estado, estamos ante hechos de una dimensión política de primera magnitud. Corresponde al Gobierno de la Nación liderar y promover esta reacción política que tiene su pieza específica y adecuada en el artículo 155 de la Constitución: no sería comprensible que se mantenga en sus funciones a quienes utilizarán su cargo para ejecutar un programa de creación de una república catalana al margen de España. Que el Gobierno retrase a mañana la adopción de esta decisión resulta preocupante…pero esperemos a mañana para hacer el juicio definitivo.

En todo caso, si el Gobierno no pone en marcha ya la aplicación de lo previsto en ese artículo 155, el problema de España ya no se llamaría Puigdemont sino que se llamaría Rajoy.

En cualquier escenario, hay que constatar que una parte de la sociedad catalana se ha separado mental y anímicamente de España y desea hacerlo jurídicamente. Este es un problema que subyace a cualquier escenario de reacción estatal a la declaración independentista de hoy, y que debe ser analizado y afrontado también por la sociedad española en su conjunto y las autoridades estatales en particular. Hay un delito no tipificado en el Código Penal que es la omisión irresponsable ante fenómenos destructivos de la paz social y la convivencia. Y de este delito somos responsables todos, pero especialmente quienes vienen gobernando España en las últimas décadas.

Llega el momento de una propuesta política de amplio horizonte que revise las bases de nuestra democracia que han permitido llegar a esta situación. Hay que reformar el Estado para revertir esta tendencia destructiva que unos y otros han alimentado con acciones u omisiones.

 

Hoy le tocaba actuar al Gobierno y no lo ha hecho. Esperemos que lo haga mañana. Pero a partir de mañana toca que todos demos el paso de formular una política de futuro que impida que lo sucedido hoy vuelva a plantearse en un futuro próximo de nuevo en Cataluña o quizá en otra región de España. Asumir esta responsabilidad es parte de la razón de ser de PROYECTO AVANZA.

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