Más allá del Aquarius. Una reflexión sobre la inmigración.


La decisión del Gobierno español de acoger a los 629 migrantes del buque Aquarius, cuyo atraque en las costas italianas había sido rechazada por el ministro del Interior de este país Mateo Salvini, nos enfrenta, una vez más a una cuestión que, lejos de ser puntual, constituye uno de los retos más importantes a los que se enfrenta la Unión Europea: la inmigración irregular.

La ONG francoalemana SOS Méditerranée, -propietaria del buque Aquarius-, así como otras organizaciones similares, llevan a cabo labores de rescate de inmigrantes en las aguas del Mediterráneo central, particularmente en la amplia zona entre Libia y las costas de Malta y Europa, que constituye en estos momentos, la vía más utilizada por las mafias del tráfico de personas. La precariedad de las embarcaciones con las que estas mafias lanzan al mar a estos seres humanos supone, en demasiados casos una condena a muerte, y esta realidad ha hecho que en los últimos años hayan proliferado las organizaciones que, juntamente con la Guarda Costera italiana, patrullan estas aguas tratando de rescatarlos y llevarlos a un puerto seguro.  

La negativa del gobierno italiano a dejar desembarcar a los 629 migrantes del Aquarius y declarar una política de “puertos cerrados” venía precedida de la acusación de su titular de Interior a las autoridades maltesas, de haber impedido el desembarco de otro buque, en este caso de la ONG alemana “Sea Watch” en el que viajaban 232 inmigrantes, una negativa que, en palabras de Mateo Salvini, es recurrente en lo que se refiere a la política maltesa con respecto a los barcos de las ONG’s de rescate en el mar.

Los inmigrantes del “Sea Watch” fueron finalmente conducidos al puerto italiano de Reggio Calabria, y un día después de la negativa del gobierno italiano a aceptar el atraque del Aquarius, 936 inmigrantes a bordo de un buque de la Guarda Costera italiana, eran desembarcados en la costa de Catania. Sin embargo, la decisión respecto del “Aquarius” implicaba por parte del gobierno italiano, poner sobre la mesa varias cuestiones que Europa no puede dejar de eludir.

La más inmediatas, si Italia, o cualquier estado de la Unión, puede cerrar unilateralmente sus puertos.  Pero también, en quién recae la responsabilidad de acoger a los migrantes y, de qué modo debe hacerse.

La respuesta a la primera de las cuestiones es más compleja de lo que parece. Si por un lado Italia puede cerrar sus puertos (alegando violación del orden público-debida a la inmigración irregular), por el otro tiene que cumplir con la obligación internacional de acoger a quienes estén en peligro en el mar, tal como recoge la normativa internacional (especialmente la Convención de Ginebra sobre Refugiados y la Convención Europea de los Derechos Humanos) e incluso, indirectamente, la Constitución italiana.

Pero luego está la segunda cuestión, que implica  plantear un debate, no sólo jurídico sino sobre todo, político y ético y que se resume en cómo conciliar el deber moral de atender a todas aquellas personas que abandonan sus hogares huyendo la guerra o de la miseria, y que tras un largo periplo ,-en ocasiones de años- , en los que se ven sometidos a todo tipo de penalidades y abusos, alcanzan nuestras fronteras; y la necesidad de regular el enorme flujo migratorio al que se está viendo sometida Europa en la última década, y las consecuencias que desde el punto de vista social, político e incluso identitario se están produciendo.

La cuestión es que la migración es la gran asignatura pendiente de la Unión Europea, una asignatura, que ha sido abordada, hasta el momento, con presupuestos cortoplacistas y en ocasiones sólo en clave nacional, lo que ha propiciado que lo que era un reto, se haya convertido en un problema de difícil solución.

Es cierto que existe un gran temor a sentarse a negociar por parte de los países miembros de la Unión Europea porque las posiciones de partida son, en algunos casos, completamente irreconciliables. A ello se ha sumado la irrupción del tema migratorio en la arena electoral, de manera recurrente en los comicios de gran parte de los países europeos, propiciando la aparición de nuevas formaciones políticas, con el tema migratorio como único eje, y alentando, en la mayoría de los casos, posiciones antieuropeistas, en las que acaban confluyendo formaciones de extrema derecha y de extrema izquierda.

La importante presencia de esta cuestión y la necesidad de posicionarse políticamente en cada una de las elecciones llevadas a cabo en los países de la UE en los últimos años, hace que sea difícil que se aborde el tema más allá de criterios populistas o cortoplacistas y que se posponga -por el coste político que pueda derivarse para cualquier partido- el abordaje de este tema desde un criterio común europeo.

Recordemos que es a partir de la crisis de refugiados que se inicia en 2015, en la que la premier alemana Angela Merkel, no sólo abre las fronteras de su país a los solicitantes de acogida, sino que establece cuotas a asumir por parte de cada uno de los estados miembros, cuando el tema migratorio deja de ser un “problema regional” de los países que conforman la frontera sur de Europa -en particular España e Italia y después Grecia-, para convertirse en un problema europeo.

Pero esa asunción de responsabilidad común, lejos de derivar en unas directrices consensuadas por todos los estados miembros de UE, llevó, precisamente, a la eclosión de ese sentimiento anti europeísta cuyo efecto más visible ha sido el triunfo del Brexit. Y mientras tanto, el reto de un flujo migratorio que no cesa, ni parece que vaya a cesar, sigue sin resolverse. Y la realidad de un mar Mediterráneo convertido en un gigantesco cementerio, continúa viéndose como un daño colateral.

De hecho, es cierto que ha existido una estrategia europea para limitar la llegada de inmigrantes y que ésta se ha traducido en una reducción del 70% en su llegada, pero ha sido a costa de trasladar el problema a los países con menos recursos para hacerles frente, en particular Libia, Argelia, Marruecos.

En el caso de Libia, a la falta de recursos se une la situación política interna por la que, cualquier acuerdo como el impulsado por Italia para frenar la inmigración clandestina y la trata de personas y mejorar las condiciones de los migrantes en suelo libio, se complica a causa de las relaciones entre el primer ministro libio Fayez Serraj y el general Jalifa Hafter, el militar que controla el este, el centro y parte del sur del país.

De modo que Libia, como Argelia y Marruecos, acaban siendo el apeadero de miles y miles de seres humanos que empezaron un incierto viaje, cuyo precio, tras atravesar desiertos y montañas, puede ser la muerte o acabar en un burdel de carretera en la rica Europa.

Salen de Mali, Niger, Nigeria, Costa de Marfil, Burkina Faso, Gambia, Guinea, Senegal, pero también de Sudán, de Chad y, en menor medida, del Cuerno de África. Les empuja la miseria o la guerra, y sólo eso explica que expongan su vida y su integridad física, cuando hay tan pocas posibilidades de alcanzar el sueño europeo y que una vez alcanzado, éste no se convierta en una pesadilla.

Si hablamos de España, 12.400 emigrantes llegaron a nuestro país entre enero y septiembre de 2017, la cifra más alta desde 2008 y un 50% más que a lo largo de todo el 2016. Además de los subsaharianos, los marroquíes han vuelto a aparecer entre las nacionalidades con mayor presencia. Se ven como causas probables los disturbios en la región marroquí del Rif, una posible relajación de la vigilancia y cierta disminución de los desembarcos en Italia tras el acuerdo entre Roma y Trípoli.

Y ciertamente, la presión migratoria está lejos del 2006 cuando unos 30.000 inmigrantes llegaron a las costas canarias. Y mucho más lejos de los 100.000 inmigrantes que llegaron a Italia en 2017.  

Sea como fuere, ante esta realidad urge tomar postura y plantear soluciones que vayan más allá del efectismo y del rédito publicitario, como sin duda está ocurriendo con el caso del “Aquarius”. Y esas soluciones deben plantearse de manera global desde Europa y partiendo de la premisa de que tratar la cuestión en origen -es decir, desde los países de los que provienen los inmigrantes- tiene que ser parte de la solución.    

Es cierto que la “ayuda para el desarrollo” dirigida a los países del llamado Tercer Mundo, y en especial al África Subsahariana, es una realidad desde hace décadas, pero su utilidad e incluso su finalidad o las intenciones de los países donantes, ha sido en muchos casos puesta en entredicho.

Por parte de la Comisión Europea se ha planteado la creación de un “Fondo Fiduciario de Emergencia” para África que, con un monto de 1.800 millones de euros de fondos de la UE, constituiría un “Plan Marshall” para el continente.

Su objetivo es ayudar a hacer frente a las crisis en la región del Sahel y en la zona del lago Chad, en el Cuerno de África y en el norte del continente. Pretende contribuir a impulsar la estabilidad de estas regiones en las que a la pobreza se unen las tensiones internas, la desaparición del Estado de Derecho, la inexistencia de una mínima estructura institucional, los enfrentamientos armados y el terrorismo. También persigue mejorar la gestión de la migración, contribuyendo a hacer frente a las causas profundas del desplazamiento forzoso y la migración irregular.

La idea parece buena si finalmente aborda los problemas en su origen y no únicamente sus consecuencias. Porque ciertamente, acabar con la inmigración ilegal y la trata de seres humanos es perentorio, pero no lo es menos trabajar en colaboración con las personas de esos países, no desde el paternalismo sino desde la colaboración mutua y el conocimiento que desde África se tiene de su propia realidad. 

Es imprescindible impulsar programas económicos que no tiendan a la dependencia de las poblaciones locales sino a generar oportunidades de empleo y de crecimiento, en especial para los jóvenes y las mujeres -las más vulnerables-, mediante el apoyo, por ejemplo, de la formación profesional y de la creación de pequeñas empresas o microempresas.

También, fomentar proyectos de apoyo a los servicios básicos, como la educación, la salud, la seguridad alimentaria y la protección social, que disuadan a la migración forzosa de la población rural a las grandes ciudades, pasando a engrosar las cifras de la miseria, de estas grandes.

 

Gari Durán

Vicepresidenta de AVANZA

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