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CUANDO LA SEQUÍA APRIETA


CUANDO LA SEQUÍA APRIETA

Cuando la sequía aprieta de nuevo, comienzan las quejas por las omisiones en política del agua. Conviene recordar que en la legislatura 2000-2004 se aprobó un Plan Hidrológico Nacional con amplio consenso y que fue derogado en parte sustancial sin mayores explicaciones por el primer Gobierno de ZP, que sustituyó los trasvases por unas desaladoras que siguen inoperativas porque el precio del agua desalada no es competitivo para la agricultura y por falta de suministro eléctrico. Una vez más, improvisación y gasto inútil … y los problemas estructurales del agua en España sin resolver, como se ve ahora de nuevo cuando la sequía aprieta.

España tiene un problema estructural con el agua, derivado del hecho de que este recurso natural está disponible de forma desigual en nuestra geografía y en el tiempo. Precisamente donde se concentran el crecimiento de la población, las agriculturas más rentables y el turismo, es decir, en todo el litoral mediterráneo, es donde menos agua disponible hay. También tenemos un problema de calidad ambiental del agua, tanto fluyente como subterránea, vinculado a la escasez: acuíferos sobreexplotados o no explotados racionalmente en Castilla La-Mancha, en Andalucía y en el Levante, sistemas de depuración insuficientes, etc.

Y también tenemos problemas vinculados a la legislación y la praxis administrativa histórica: un reparto competencial confuso en materia de abastecimientos y depuración, donde cada Administración no asume sus competencias ni el coste de las mismas sino que se solapan y se superponen; una política de tarificación del agua carente de lógica económica tanto en el uso para regadío como en el uso urbano; una incorrecta integración de la perspectiva ambiental con la económica en la gestión del recurso, y unos enfrentamientos territoriales que vienen paralizando el desarrollo de políticas nacionales a largo plazo.

Para AVANZA, España necesita una política de aguas pensada a largo plazo y basada en una visión de este recurso natural como un bien que debe administrarse con perspectiva estatal y no localista, inspirada en el principio de repercusión de costes al usuario final y de que quien contamina paga, donde la lógica ambiental y la económica se integren armoniosamente y donde el enfrentamiento entre usuarios y territorios sea sustituido por el acuerdo propiciado y moderado por los responsables políticos.

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