Adoctrinar: un análisis (publicado en el mundo)


Adoctrinar: un análisis (publicado en el mundo)

UNO DE LOS EFECTOS MÁS VISIBLES del desafío secesionista ha sido dar a conocer al resto de España la realidad probablemente más perversa del proyecto independentista: el adoctrinamiento escolar al servicio de dicho proyecto, en Cataluña, y, de rebote, en aquellos territorios que constituyen parte del constructo imaginario de los Países Catalanes: las Islas Baleares, la Comunidad Valenciana y parte de Aragón.

La primera cuestión que debería hacernos ver la gravedad de los hechos ahora conocidos por la opinión pública es, precisamente, que haya sido necesario que los independentistas tensaran la cuerda hasta el extremo de la ilegalidad para tener constancia de algo que lleva ocurriendo en mayor o menor medida, en los territorios aludidos, desde hace décadas y que ha sido denunciado por ciudadanos anónimos, sin encontrar respuesta alguna en las autoridades competentes.

Es cierto que la transferencia de la Educación a las Autonomías y la posibilidad de modificar los contenidos, incluso de materias troncales, y particularmente los de las llamadas Ciencias Sociales, ha supuesto que mientras se ampliaba el conocimiento de los escolares acerca del medio físico, cultural, histórico o patrimonial de su propia comunidad autónoma, se les privaba de conocer los elementos sustanciales, físicos y culturales del resto del país. Esta cuestión que puede derivar a la larga, en un sentimiento de orgullo regional (a la par que unas enormes lagunas de conocimiento en lo que se refiere al resto de España), ha tenido consecuencias bastante menos inocuas en aquellas comunidades autónomas con fuerte presencia nacionalista.

Podríamos decir que es mucho más fácil odiar o despreciar aquello que no se conoce. Pero, en cualquier caso, para que esos sentimientos se produzcan, es necesario, además, la voluntad de generarlos y de mantenerlos. Para ello es imprescindible, a la vez que una visión limitada a la propia comunidad, un relato en el que converjan hitos históricos con los que sustentar la superioridad o especificidad de un pueblo, junto con aquellos con los que señalar el enemigo exterior o agente opresor. En ese punto, es fundamental el papel de la Historia, convertida en un mero argumento con el que sustentar el mito de construcción nacional, privándola no sólo de su carácter científico sino, en múltiples ocasiones, de cualquier asomo de veracidad.

Tenemos por tanto un universo reducido a los límites de la autonomía, un constructo nacional, un relato que lo sustenta y, por supuesto, una lengua con la que cohesionar esa nación. Pero para que esa lengua deje de ser una riqueza y se convierta en un elemento particular, que no una sino que distinga y, finalmente, en un arma política, es necesario que los ciudadanos, diferencien ya desde la escuela, la lengua propia -por ejemplo, el catalán- de la lengua impuesta -el español-. Lejos de cooficialidad que señala la Ley, o de la obligación constitucional de conocer el español y el derecho a usarlo, en territorios como Cataluña o Baleares -por poner los ejemplos más próximos- se invierten los términos y se impone mediante la inmersión lingüística la imposibilidad de ser escolarizado en la lengua oficial del Estado y cooficial de la Comunidad autónoma. Y se hace, amparándose en un marco legal, que ha sido promovido y votado o consentido por todos los partidos -con la excepción de los nuevos, dado que se trata de una legislación no precisamente reciente-.

Por tanto, hacer un uso político de esa lengua y de ese relato, no es un fenómeno nuevo, sino que se viene haciendo, como decimos, desde hace décadas con total normalidad ¿Qué es lo que le hace diferente ahora? En primer lugar que ha pasado a convertirse en noticia. En segundo lugar, que en el caso catalán -y subsidiariamente en Baleares-, cuando se ha acelerado el proceso, esos instrumentos de adoctrinamiento, se vuelven más agresivos en sus mensajes y se hace más obvia la utilización de los niños para hacer llegar esos mensajes. Y se hace porque el mundo nacionalista, profundamente imbricado en el tejido educativo, se ha sentido impune durante todos estos años y porque para el nacionalismo, -que no deja de ser una creencia- el bien mayor -es decir, la consecución de la independencia- está por encima de cualquier consideración pedagógica e incluso del mínimo respeto a la libertad de pensamiento de sus alumnos o del derecho de sus familias a preservar dicho derecho. Y así, aunque parezca increíble, debemos concluir que lo que nos escandaliza -el adoctrinamiento, el uso de los niños con fines políticos-. Eso que para cualquiera resulta aberrante, para el docente independentista, es normal.

Pero no nos engañemos. La actualidad ha puesto sobre la mesa el adoctrinamiento nacionalista, pero no es el único. Sabemos que la escuela está concebida para transmitir conocimientos pero también valores. De manera transversal, desde la educación vial hasta la Ideología de Género o los buenos hábitos en la alimentación, pasan a formar parte de los contenidos que se imparten en las distintas etapas educativas. Los hay que son inocuos, pero hay otros que interfieren, directamente en los valores en los que las familias tienen derecho a educar a sus hijos. Pero no sólo eso: tras la aprobación de las leyes autonómicas relacionadas con el colectivo LGTBI, las familias ven vulnerado este derecho, esta vez, por ley.

La asignatura de Educación para la Ciudadanía fue quizás el intento más grosero hasta el momento, de imponer una determinada ideología en todas y cada una de las etapas educativas y hacerlo, además, evaluando a los alumnos sobre los contenidos impartidos, no tanto sobre su conocimiento sino como sobre su identificación con los mismos.

Sea desde el nacionalismo o desde cualquier otra creencia o ideología, existe siempre el riesgo de que la escuela sea utilizada como un instrumento con el que construir una sociedad al gusto de quien tenga el control de la Educación. Al margen de la dedicación o del buen hacer de los docentes de manera individual, la realidad es que el mundo asociativo vinculado con la Educación, ha estado tradicionalmente en manos de la izquierda y del nacionalismo, y ahí sigue.

Mirar para otro lado, no sólo tiene consecuencias políticas. Cuando las libertades individuales están en juego y se observa como se impone el pensamiento único en lugar de promover el pensamiento crítico, es hora de que los poderes públicos hagan, de una vez, su trabajo.

 

Gari Durán es miembro del Consejo Editorial de EL MUNDO/ El Día de Baleares.

Publicado en EL MUNDO

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